domingo, 14 de febrero de 2016

La fracción parlamentaria de la contra se apresura a entregar el país en las garras del imperio

Carlos E. Lippo, Ensartaos, 14/02/2016


La fracción parlamentaria de la contrarrevolución no está perdiendo tiempo alguno en la ejecución de la malhadada tarea que le ha sido impuesta por el imperio, que no es otra que la de ponernos de rodillas ante él, haciéndole entrega de nuestros ingentes recursos naturales de carácter estratégico; tan deleznable comportamiento la convierte en la legítima heredera y causahabiente de aquel seudo prócer de nuestra independencia de nombre José Antonio Páez quien traicionó a El Libertador en vida, y a su muerte no sólo abjuró de los ideales bolivarianos sino que por distintos medios invocó la ayuda de los enemigos de la patria de aquella época y también de ahora, los Estados Unidos de Norteamérica y el Reino de España, para satisfacer sus ambiciones personales y redondear la faena de entregar a la oligarquía el legado político, social y económico de nuestros auténticos próceres.


Aparte de la abismal diferencia existente entre el arrojo y la valentía del otrora “centauro de los llanos” y la actitud hipócrita y cobarde de los miembros de dicha fracción, valientes sólo cuando actúan en gavilla y siempre dispuestos a eludir sus responsabilidades, existe otra gran diferencia entre ambas situaciones y es que mientras José Antonio Páez fue desatendido por el gobierno de los Estados Unidos cuando en 1.848 se acercó a su encargado de negocios en Venezuela, Benjamín Shields, en procura de la ayuda  norteamericana para invadir Venezuela, como también fue despreciado, con una respuesta que no pudo ser más humillante, por el gobierno español al cual acudió en solicitud de que volvieran a invadirnos (1), en el caso que nos ocupa los traidores de turno están actuando bajo las órdenes de la potencia invasora, que lleva años financiándolos y marcándoles la agenda de su retorcido y sumiso accionar político.

Desde su fraudulenta elección el pasado 06 de diciembre y dando continuidad a la política que desarrollaron a todo lo largo de su anticampaña electoral, no han dejado de provocar al pueblo revolucionario amenazándole con echar por tierra todos los logros económicos, sociales y políticos de la revolución mediante la promulgación de diversos instrumentos legislativos de carácter neoliberal; también han amenazado, sin base constitucional alguna, al propio gobierno al que dan un plazo de vida menor de seis meses y al resto de los poderes públicos, todo ello con el deliberado propósito de causar tal estado de crispación en las filas de la revolución que, en medio de los perniciosos efectos de la guerra económica a la que estamos sometidos, sea capaz de generar un estado de violencia generalizada, que pueda servir de preámbulo de la planificada y deseada  intervención extranjera.

A partir de la sesión de instalación el pasado 05 de enero, a la que concurrieron orgullosa y vergonzantemente acompañados del encargado de negocios de los Estados Unidos, han sido implacables en la tarea de propiciar acciones hostiles, algunas de ellas de carácter francamente ilegal e inconstitucional, en contra de sus pares en la asamblea, contra el gobierno nacional, contra algunos otros poderes públicos y contra el propio pueblo, siendo necesario destacar, entre otras: las reiteradas violaciones del reglamento interior y de debates, así como del proceso de formación de leyes; el grosero retiro de los retratos de El Libertador, Chávez y Maduro; el flagrante desacato a la decisión del TSJ que pone en suspenso la elección de los parlamentarios del estado Amazonas y la representación indígena del sur del país; la negativa a aprobar la solicitud de derogatoria de la orden ejecutiva de Obama de marzo de 2.015, propuesta por el Presidente Maduro en ocasión de la presentación de su memoria y cuenta, el viernes 15 de enero; el notorio desaire a la Fiscal General de la República mientras acudía a rendir cuentas como pauta la constitución y la más trascendente y perniciosa de todas, la desaprobación del decreto ejecutivo de instauración del estado de emergencia económica, cuya vigencia fuese restituida por sentencia de la sala constitucional del TSJ hace pocos días, como muestras de una actitud deliberada destinada a inducir serios elementos de desestabilización de la vida nacional.

En el propio desarrollo de su función legislativa, la introducción de diversos proyectos de ley indudablemente elaborados por bufetes privados, a la más pura usanza de la cuarta república, de altísimo contenido polémico, tales como: el demagógico establecimiento del bono de salud y de alimentación para los pensionados y jubilados del SSO, presentado sin el más mínimo estudio de factibilidad económica; el fraudulento instrumento con el cual se pretende privatizar la Gran Misión vivienda Venezuela, haciéndola inviable, al mismo tiempo que esquilmar a las familias beneficiadas con una oferta engañosa y perversa; la reforma de la ley del Banco Central de Venezuela, concebida como el primer paso para entregar la soberanía en materia monetaria y cambiaria, así como el más esperpéntico de ellos, que no es otro que el de amnistía, con el cual se pretende consagrar la impunidad en el país de una importante gama de delitos, amenaza con generar procesos altamente conflictivos en ocasión de la discusión pública de los mismos prevista en el Artículo 211 constitucional y habida cuenta del evidente carácter de inconstitucionalidad de alguno de ellos, habrá de conducir a nuevos conflictos con los poderes ejecutivo y judicial. Todo ello planificado y ejecutado en la misma línea de tratar de inducir la desestabilización de la vida nacional.

Es en materia de declaraciones o acuerdos, donde más se han esmerado estos traidores a la patria, para propiciar la intervención armada del imperio, detentando el oprobioso record de haber aprobado, con el voto en contra de la fracción parlamentaria del GPP, tres declaraciones en sólo seis semanas de actuación, cada una de ellas más entreguista y estimuladora de la invasión extranjera con falsos propósitos humanitarios, que la anterior, como lo son: el “Acuerdo de Exhortación de Cumplimiento de las Decisiones, Resoluciones, Opiniones o  Actos  Dictados por Organismos Internacionales de Derechos Humanos”, el 14 de enero, con el cual se pretende entregar la soberanía del país en materia judicial; la “Declaración de Crisis Humanitaria en el Sector Salud”, el 26 de enero, con la cual se provee al imperio de la mejor excusa para invadirnos, a tenor de lo señalado por el ex jefe del Comando Sur en octubre pasado y la “Declaración de Crisis Alimentaria”, aprobada el pasado jueves 11, que en combinación con la anterior es una descarada y vergonzante invitación al imperio para que nos intervenga militarmente.

Las recientes declaraciones del presidente de la asamblea (2), histéricas y estentóreas como todas las de este personajillo, rechazando la sentencia de la Sala constitucional del TSJ que restituye el Decreto de Emergencia Económica y amenazando con acudir a organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) en procura de una pretendida justicia que se niega a buscar, como es su obligación hacerlo, en los organismos jurisdiccionales de su propio país, arroja pistas sobre la forma que podría asumir la provocada intervención, por vía de una fuerza expedicionaria conformada por alguno(s) de los países de la región de comprobada sumisión a las directrices del imperio.

Desafortunadamente, la presencia de Luis Almagro, connotado miembro de la contrarrevolución internacional desde antes de tomar posesión del cargo de Secretario General de la OEA, servidor a tiempo completo del imperio, y una correlación de fuerzas menos favorable desde la asunción al poder de la ultraderecha argentina representada por Mauricio Macri, conduce a prever que una propuesta de los Estados Unidos presentada por su propio representante o por el de un interpuesto país, en relación a la necesidad de intervenir en Venezuela con base en la obligación moral de combatir unas falsas violaciones a los derechos humanos sustentadas por la CIDH y/o de prestar la “ayuda humanitaria”requerida por la crisis alimentaria y medicamentosa falsamente declarada por la mayoría de la asamblea, podría tener apoyo.

Hace apenas dos días tuvo lugar una nueva acción injerencista de los Estados Unidos, esta vez a cargo de la subsecretaria de estado para la América Latina, Roberta Jacobson, quien escribió en su cuenta twitter que el TSJ no debió haber validado el Decreto de Emergencia Económica rechazado por la Asamblea (3). Al permitirse cuestionar indebidamente la idoneidad y la legitimidad de origen de los jueces de nuestro máximo tribunal, así como al exaltar la “sacrosanta” independencia de los poderes públicos olvida deliberadamente esta funcionaria que los jueces de la Corte Suprema de su país tienen carácter vitalicio y son nombrados “a dedo” por el presidente de la republica (4)¡Resulta humanamente imposible una mayor coincidencia de la cancillería gringa con nuestra Asamblea Nacional entreguista y sumisa, dominada por la contrarrevolución!

Cuando me dispongo a terminar estas líneas leo la noticia de que el diputado Fredy Guevara, secretario general (e)  de la organización terrorista Voluntad Popular, ante una realmente escuálida manifestación de sus adherentes celebrada el sábado 13 en la Plaza Brión de Chacaíto hizo un llamado a “calentar pacíficamente las calles”, en procura de lo que llamó eufemísticamente “EL CAMBIO” (5). Es evidente que este llamado, viniendo de este pichón de fascista devenido ahora en asambleísta nacional, no puede ser interpretado sino como un intento de reedición de las guarimbas o como una segunda fase de “LA SALIDA”, más aún cuando en la misma manifestación, al igual que en la del infausto 12 de febrero de 2.014 frente a la sede del Ministerio Público, participaba la también asambleísta por Voluntad Popular Gaby Arellano, quien desde su cuenta twitter @GabyArellanoVE también llamaba a la gente a la calle con la siguiente consigna: "Debemos organizarnos para el próximo miércoles, asambleas de calle para lograr el CAMBIO". Este nuevo intento aunado a la emergencia, durante la semana pasada, de unas incipientes guarimbas en el estado Táchira, denunciadas y combatidas en su oportunidad por el gobernador Vielma Mora, ponen en evidencia que la contrarrevolución o al menos una parte importante de ella, persiste en la estrategia de la generación de un estado de violencia generalizado.

Ni el gobierno nacional ni mucho menos el pueblo revolucionario podemos permitirles el desarrollo de unas nuevas guarimbas en ninguna región del país, que en el marco de la actual situación pudiesen devenir en un auténtico caos propiciatorio de la intervención extranjera. Por ello y partiendo de que la confrontación armada con las fuerzas de imperio, representadas presumiblemente en este caso por una fuerza expedicionaria conjunta integrada por países cipayos de la OEA, es inevitable e inminente, se hace inaplazable el comenzar a movilizar todos los recursos que la unión cívico-militar pone al alcance de esta revolución, cuyo líder máximo solía decir que era pacífica más no desarmada. Un buen ensayo necesario para la puesta a punto de estos recursos pudiera ser su aplicación para evitar el surgimiento de tales guarimbas.

¡Hasta la Victoria Siempre!
¡Patria o Muerte!
¡Venceremos!


Caracas, febrero 14 de 2.016

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