FMI, 11/04/2012
Nota
de prensa del capítulo 4:
EL IMPACTO FINANCIERO DEL RIESGO DE LONGEVIDAD
Informe
sobre la estabilidad financiera mundial (GFSR), abril de 2012
Preparada
por S. Erik Oppers (jefe del equipo), Ken Chikada, Frank Eich, Patrick Imam,
John Kiff, Michael Kisser, Mauricio Soto y Tao Sun
Observaciones fundamentales
Vivir hoy más años es un hecho muy positivo que ha mejorado el bienestar
individual. Pero la prolongación de la esperanza de vida acarrea costos
financieros, para los gobiernos a través de los planes de jubilación del
personal y los sistemas de seguridad social, para las empresas con planes de
prestaciones jubilatorias definidas, para las compañías de seguros que venden
rentas vitalicias y para los particulares que carecen de prestaciones
jubilatorias garantizadas.
Las implicaciones financieras de que la gente viva más de lo esperado (el
llamado riesgo de longevidad) son muy grandes. Si el promedio de vida aumentara
para el año 2050 tres años más de lo previsto hoy, los costos del
envejecimiento —que ya son enormes— aumentarían 50%.
El riesgo de longevidad es un tema que exige más atención ya, en vista de la
magnitud de su impacto financiero y de que las medidas eficaces de mitigación
tardan años en dar fruto.
Para neutralizar los efectos financieros del riesgo de longevidad, es necesario
combinar aumentos de la edad de jubilación (obligatoria o voluntaria) y de las
contribuciones a los planes de jubilación con recortes de las prestaciones
futuras.
Los gobiernos deben: i) reconocer que se encuentran expuestos al riesgo de
longevidad, ii) adoptar métodos para compartir mejor el riesgo con los
organizadores de los planes de pensiones del sector privado y los particulares,
iii) promover el crecimiento de mercados para la transferencia del riesgo de
longevidad, y iv) divulgar mayor información sobre la longevidad y la
preparación financiera para la jubilación.
Este
capítulo pone de relieve las implicaciones financieras potencialmente muy
grandes del riesgo de longevidad; es decir, el riesgo de que la gente viva más
de lo esperado. Define
el riesgo, muestra su magnitud y estima sus efectos en los balances fiscales y
las empresas.
A medida que las
poblaciones envejezcan en las próximas décadas, consumirán un porcentaje
creciente de recursos, ejerciendo presión sobre los balances públicos y
privados. Los
gobiernos y las entidades del sector privado que ofrecen pensiones se han
estado preparando para las consecuencias financieras del envejecimiento. Sin
embargo, estos preparativos están basados en proyecciones demográficas de base
que en el pasado han subestimado constantemente cuántos años vive la gente.
La
longevidad inesperada más allá de estas proyecciones de base constituye un
riesgo financiero para los gobiernos y las entidades que ofrecen prestaciones
jubilatorias definidas, que tendrán que pagar más de lo esperado en pensiones y
prestaciones de la seguridad social. A
pesar del beneficio obvio de vivir más tiempo, los particulares se exponen al
riesgo financiero de agotar los recursos jubilatorios. Estos riesgos
financieros crecen lentamente con el paso del tiempo, pero si no se los aborda
pronto podrían tener efectos negativos profundos en los balances, ya
debilitados, de los sectores público y privado, exacerbando su vulnerabilidad a
otros shocks y afectando posiblemente su estabilidad financiera.
Entre
los gobiernos y las entidades que ofrecen pensiones, son contados los que
reconocen debidamente el riesgo de longevidad; y los que lo hacen descubren que
es grande. El
capítulo muestra que si el promedio de vida aumentara para 2050 tres años más
de lo que se espera hoy —un supuesto que concuerda con tasas previas de
subestimación—, los costos del envejecimiento, que ya son enormes, podrían
aumentar 50%. En un ejemplo, el capítulo muestra que en el caso de los planes
privados de pensiones de Estados Unidos ese aumento de la longevidad podría
elevar los pasivos jubilatorios alrededor de 9%. Como el total de pasivos por
pensiones es voluminoso, las empresas que organizan los planes de pensiones
tendrían que multiplicar varias veces sus contribuciones anuales normales, en
términos generales, para poder afrontar esos pasivos adicionales.
Para
hacer frente al riesgo de longevidad, es necesario actuar en varios frentes. Primero, los gobiernos deben reconocer
el significativo riesgo de longevidad al que los exponen los planes de
prestaciones definidas para sus propios empleados y los sistemas de seguridad
social para las personas de edad avanzada. Segundo, el riesgo debe estar
debidamente distribuido entre los particulares, los organizadores de los planes
de pensiones y el gobierno. Tercero, se puede recurrir a los mercados de
capital para transferir el riesgo de longevidad de los planes de pensiones a
quienes tienen más capacidad para gestionarlo. El capítulo pone de relieve una
serie de instrumentos en este mercado creciente, y distintas posibilidades para
mejorar su funcionamiento.
Una
reforma esencial es permitir que la edad de jubilación aumente a la par de la
longevidad esperada. Esta
podría ser una obligación impuesta por el gobierno, pero también se podría
ofrecer incentivos a los particulares para postergar la jubilación. La
postergación de la jubilación ayuda de dos maneras: prolonga el período de
acumulación de recursos jubilatorios y acorta el período de uso de esos
recursos. La divulgación de información más completa sobre la longevidad y su
impacto financiero contribuiría a aclarar mejor las consecuencias. Asimismo, es
importante que las entidades que ofrecen pensiones puedan actuar con
flexibilidad: si no es posible incrementar las contribuciones o subir la edad
de jubilación, posiblemente haya que recortar las prestaciones.
Reconocer
y mitigar mejor el riesgo de longevidad es un proceso que debe ponerse en
marcha ahora. Las
medidas tardarán años en dar fruto y será más difícil abordar debidamente esta
cuestión si se posterga la acción correctiva. Prestar atención al
envejecimiento de la población y al riesgo de longevidad adicional forma parte
del conjunto de reformas necesarias para restaurar la confianza en la
viabilidad de los balances del sector público y del sector privado.
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