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En la foto Lilian Tintori, esposa de Leopoldo Lopez. Cada vez que abre boca, cientos de medios de Venezuela y del mundo entero difunden sus palabras. Dicen que en Venezuela no hay libertad de expresión. ¿A caso confunden falta de espacio para poner micrófonos con falta de libertad de expresión?
Pocas cosas irritan más a los miembros de una sociedad como la impunidad de los delitos cometidos en su contra, ya que mientras el delincuente no es debidamente sancionado la víctima sigue sintiéndose agredida una y otra vez, tanto por el delincuente mismo como por los funcionarios de las instituciones que debieron garantizar su debida captura, enjuiciamiento, condena y custodia. Algo similar ocurre con los familiares y amigos de las víctimas fatales, virtualmente condenadas a llevar un luto perenne, mientras el victimario suele pavonearse impúdicamente, orgulloso de su “hazaña”. Nada como la impunidad generalizada para desmoralizar a una sociedad, sobre todo a nivel los estratos que perciben menores ingresos.
Durante la cuarta república siempre estuvo garantizada la impunidad de aquellos que formaban parte de alguno de los poderes fácticos, como lo pone en evidencia dramáticamente aquel libro escrito por quien fuese uno de los más competentes detectives de la PTJ, organismo antecesor del CICPC, editado en 1.978, titulado “Cuatro Crímenes y Cuatro Poderes”(1), que describe con rigor criminológico los asesinatos atroces cometidos, con toda impunidad, por un cura, un militar, un diputado adeco y unos “hijos de papa y mami”. También gozaban de absoluta impunidad los delitos de corrupción, como lo señaló con absoluto cinismo y descaro aquel afrancesado adeco, parlamentario casi vitalicio, de nombre Gonzalo Barrios, al pronunciar aquella frase lapidaria: “En Venezuela se roba, porque no hay razones para no hacerlo”. Sin embargo, los opositores de izquierda que lograban sobrevivir a las torturas y a las desapariciones forzosas eran “juzgados” por los tribunales militares, independientemente de su condición de civiles, en procesos totalmente amañados controlados por los más altos personeros de los diferentes gobiernos adecos y copeyanos que nos tocó padecer. Tan era así, que sin rubor alguno la prensa se refería a la “justicia” militar como a la “justicia”del presidente de la república. En aquella infausta época el irrespeto a los derechos humanos era de tal calibre, que durante el último de aquellos gobiernos, el segundo de Rafael Caldera, fue sometido a prisión por la policía política de la época (DISIP) un astrólogo que se atrevió a decir que según sus interpretaciones astrales, el doctor Caldera no terminaría su período presidencial (2).
Lamentablemente nuestra revolución no ha sido capaz de acabar con esta terrible lacra social a pesar de haber aprobado la constitución más avanzada del mundo en materia de derechos humanos junto a una buena parte de las leyes y reformas legales necesarias para permitir su cabal desarrollo y de haber dado rango de Poder Público, al mismo nivel que el Ejecutivo y el Legislativo, a la Fiscalía y a la Contraloría General de la República que, en conjunto con la recién creada Defensoría del Pueblo constituyen el Poder Ciudadano.
Una interpretación tendenciosa de los derechos humanos, promovida desde los organismos multinacionales controlados por el imperio, aceptada acríticamente e implantada por no pocos de los funcionarios del Poder Ciudadano y del Poder Judicial, según la cual al parecer, sólo los delincuentes, cuando actúan en contra del gobierno y del pueblo revolucionario, tienen derechos civiles, dejando de lado hasta el legítimo derecho a la defensa de los funcionarios de orden público así como los derechos del resto de la población, es el primer eslabón de la cadena necesaria para garantizar la impunidad. Tarek William Saab, actual Defensor del Pueblo sostuvo en unas recientes declaraciones dadas al canal de noticias Russia Today (3) que, como nunca antes en la historia de Venezuela, se ha utilizado el tema de los derechos humanos como forma de ataque a la institucionalidad del Estado, como se ha hecho con la Revolución Bolivariana, para desprestigiar la imagen del país y manchar las luchas y logros en las reivindicaciones sociales, que son ahora una realidad para el pueblo venezolano. Lo verdaderamente lamentable es que hemos estado cediendo ante este chantaje operado en contra nuestra revolución, al punto de haber logrado castrar a nuestros principales organismos de orden público (GNB y PNB), la gran mayoría de cuyos funcionarios se abstienen cada vez más de intervenir ante un hecho delictivo o intervienen con tímida actitud defensiva por temor a ser acusados de violadores de los derechos humanos.
En demostración de lo anterior podemos referir los recientes acontecimientos ocurridos en La Sibucara, una localidad fronteriza del Estado Zulia donde unos bachaqueros en represalia porque la GNB les había decomisado una caleta de 50 toneladas de productos alimenticios que escondían bajo tierra (4), a primeras horas de la mañana del jueves 13 de agosto, atacaron a primera hora de la tarde el puesto de control de la GNB en la zona, que quemaron con bombas molotov y destruyeron parcialmente a mandarriazos después de poner en fuga a los pocos efectivos que en él se encontraban(5). Según el medio que recoge esta última noticia se requirió un operativo de más de 1.000 efectivos de seguridad para reestablecer el orden en la zona. En verdad que da pena ajena el comprobar como unos bachaqueros, aunque puedan tener alguna instrucción paramilitar puedan hacer morder el polvo de la derrota a la dotación de un puesto de control de la GNB y rechazar temporalmente a sus refuerzos. ¿Acaso es imaginable que algo similar pueda pasar en USA o España, dos de los países que más nos atacan por el tema de los derechos humanos?
La más palmaria demostración de la impunidad reinante a lo largo de estos casi 16 años de revolución lo constituye el hecho de que a pesar de la inmensa cantidad de atentados criminales (golpes, paros, sabotajes, asesinatos de funcionarios, magnicidios frustrados, guarimbas, “drenajes de arrechera”, etc.), públicos y notorios, y hasta comunicacionales algunos de ellos, perpetrados por los opositores violentos, ni siquiera llega a la docena la cantidad de autores materiales que hayan recibido sentencia condenatoria. Es emblemático el caso de los directivos de la Policía Metropolitana (Simonovis, Vivas y Forero), sentenciados en abril de 2.009, junto con tres funcionarios más a la pena máxima de 30 años de prisión por su responsabilidad en el asesinato de 3 personas y lesiones graves y gravísimas a 29 personas más, en las inmediaciones del Puente Llaguno el 11 de abril de 2.002, que desde hace ya bastante tiempo se encuentran recluidos en sus propios domicilios por medidas acordadas por los respectivos jueces, a solicitud de sus defensores y de los fiscales del caso, por pretendidas razones de salud.No se necesita ser criminólogo para pensar que todo presidio puede generar quebrantos de salud en el reo, que por obvias razones de humanidad deben ser atendidos en la enfermería de la cárcel o en un centro asistencial público; lo que es inconcebible y constituye un claro rasgo de impunidad, es que al superar la fase crítica de la enfermedad, no sea regresado a la cárcel para continuar en cumplimiento de su sentencia.
A la clarísima contribución con esta funesta impunidad generalizada que representan las acciones complacientes o decididamente cómplices de algunas autoridades de orden público, fiscales y jueces, parece haberse sumado en días recientes la de la Defensoría del Pueblo y en demostración de ello puedo hacer mención de las siguientes actuaciones y declaraciones de su máximo funcionario, Tarek William Saab:
- Sobre la actuación del Alcalde de Puerto Cabello, Rafael Lacava, al mandar a barrer las calles, vestidos con bragas de color naranja, a unos bachaqueros detenidos en su jurisdicción, actuación que comparto plenamente y que no se necesita ser abogado para concluir que goza de absoluta legalidad y legitimidadcon arreglo a la Ordenanza de Convivencia Ciudadana de dicho municipio (6), que le faculta para ordenar trabajos comunitarios a los infractores de dicho instrumento legal, el Defensor del Pueblo expresó: "El único órgano en Venezuela que puede sancionar y que posee la cualidad institucional de dictar tanto una sanción penal como una pena a los bachaqueros son los tribunales de la República, por tal motivo, las alcaldías están usurpando su autoridad y funciones", (7) y al mismo tiempo señaló que estos individuos sólo son personas que cometen infracciones (¿!). ¿Es que acaso el Señor Defensor del Pueblo, considera que el acaparar productos de la cesta básica para venderlos a precios especulativos en las calles, en momentos en los que estamos sometidos a una brutal guerra económica no configura actuación delictiva alguna?
- La dedicación prestada por el propio defensor y su equipo en pro del otorgamiento de la libertad condicional a Raúl Isaías Baduel, reconocida por su propio abogado defensor a través de su cuenta twitter @Omar_moratosta: “Agradezco la mediación y dedicación del Defensor del Pueblo @TarekWilliamSaab y todo su equipo de trabajo para el otorgamiento de esta libertad” (8). Es oportuno y conveniente recordar que el General Raúl Isaías Baduel fue sentenciado a 8 años de prisión por un tribunal militar, a principios de 2.010, por la comisión de los delitos de corrupción en la compra de equipos militares, desfalco de fondos públicos, abuso de autoridad y violación al decoro militar. No voy a pronunciarme sobre la actuación en sí del Defensor, ya que estimo que debió haberla tomado en el marco de sus atribuciones, sólo me preguntaré si ha aplicado o aplicará la misma dedicación para lograr que el estado venezolano pueda recuperar los 3,9 millones de dólares que este baboso, traidor y felón general desfalcó al tesoro público.
- En relación al otorgamiento de la medida de casa por cárcel al terrorista Daniel Ceballos, ex alcalde de San Cristóbal, quien se encontraba detenido en la sede del SEBIN mientras era juzgado por los delitos de rebelión y agavillamiento, por su participación en las guarimbas de 2.014, medida que según su esposa fue solicitada por sus abogados defensores y recomendada por el fiscal del caso, para que pudiera recibir la atención médica que le permita recuperar su condición física después de la huelga de hambre que asumió en días atrás; el Defensor del Pueblo se limitó a declarar que se trataba de una decisión autónoma del Poder Judicial Venezolano (9), cuando considero que bien pudo haberse pronunciado en torno a la procedencia de la medida, pues tratándose de un reo que jamás ha aceptado su participación en los hechos que se le imputan, es de suponerse que intentará fugarse, hecho que se le facilita realizar desde su domicilio, tal como lo hizo el inefable Pedro “El Breve”, en abril de 2.002. Digo esto porque como hemos podido darnos cuenta el Defensor es dado a emitir juicios de valor sobre las actuaciones de funcionarios de los otros poderes públicos.
Imagino que el Señor Defensor del Pueblo debe haber dado saltos de júbilo al enterarse de que el Secretario General de la OEA, uno de los más pertinaces e injustos detractores de nuestra revolución con base en supuestas violaciones de los derechos humanos, saludó con beneplácito las medidas otorgadas al ladrón Baduel y al terrorista Ceballos, al expresar a través de su cuenta twitter: “Saludamos la liberación en Venezuela del general retirado Raúl Baduel y el traslado a su domicilio de Daniel Ceballos” (9). ¡Tal es la magnitud del chantaje que al parecer están aceptando pagar algunos funcionarios que deberían actuar en activa defensa de los mejores intereses del país!
Qué duda puede haber de que Tarek William Saab está resultando ser un excelente defensor del pueblo, lástima que hasta ahora lo haya sido fundamentalmente del pueblo opositor y delincuente. Lamentablemente parece estar cediendo en las primeras de cambio ante el ataque injustificado de la cloaca mediática que con base en una opinión suya sobre el buen estado de salud de Ceballos y sobre su traslado a un centro de reclusión recientemente estrenado en el estado Guárico, hace ya algún tiempo, le endilgó el título de “El Defensor del Puesto” (10), tal como lo hacían años atrás con su valiente antecesor Germán Mundaraín.
Es posible que se haya presentado ya una solicitud de beneficio de casa por cárcel en favor de Leopoldo López Mendoza, basada en los mismos falsos argumentos que sirvieron para obtener la medida en favor de Ceballos, pues juntos compartieron más de un año en las “mazmorras del régimen” y al mismo tiempo decidieron asumir su propia“huelga de hambre”. De otorgársele este beneficio, hecho más que probable en virtud de los precedentes “legales” existentes, ¿qué duda puede haber de que más temprano que tarde habrá de intentar la fuga? Ahorrarle esta inmensa frustración al pueblo revolucionario, cansado ya de tanta impunidad debería ser una tarea que reclamase la mayor dedicación del Defensor del Pueblo, actual Presidente del Consejo Moral Republicano.
¡Basta ya de tanta impunidad!
¡Tolerancia Cero con los bachaqueros y demás agentes de la guerra económica!
¡Hasta la Victoria Siempre!
¡Patria o Muerte!
¡Venceremos!
(4) http://www.laiguana.tv/
Agosto 18 de 2015
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