Hace casi 12 años se publicó en México la primera edición de mi libro Puerto Rico, un caso de colonialismo en un mundo global” en la que hacía un análisis del status político de ese país hermano en la búsqueda de un camino que permita destrabar tal situación. A pesar que el mundo y la región han sufrido ostensibles y trascendentales transformaciones, las cuales signan una realidad profundamente distinta a la de los prolegómenos del siglo XXI cuando esa investigación se dio a conocer a la luz pública, ha pasado más de una década sin ningún tipo de modificaciones y Puerto Rico sigue manteniendo un status de “Estado Libre Asociado” que es ilegal en el marco del Derecho Internacional.
Aunque el entorno ha cambiado en términos políticos, Puerto Rico sigue detenido en el tiempo. El año 2014 que está concluyendo, ha significado la profundización de una crisis económica que algunos se atreven a darle carácter estructural. Se fundamenta en el orden económico, político y social del país, toda vez que el mismo no posee un modelo económico propio, además que no tiene posibilidades de buscar soluciones a partir de decisiones soberanas y, ni siquiera puede establecer una política monetaria propia.
Se afirma que la crisis tiene su origen en las dificultades del sistema económico global, pero ello esconde el escandaloso colapso que produjo el cese de vigencia de la Sección 936 del Código de Rentas Internas Federal, que le daba atractivos a la inversión en la isla, lo que lo convertía en el principal motor económico del país. Ante esto, el gobierno no tuvo capacidad para reaccionar a tiempo, buscar alternativas y sustituir la 936 por otro instrumento que diera viabilidad a la economía. El año 2014 comenzó con una deuda pública que sobrepasaba los 70 mil millones de dólares, triplicándose desde el año 2000 cuando alcanzaba los 20,400 millones de dólares. Eso, para un país de menos de 4 millones de habitantes es una cifra muy elevada. Tal hecho hizo que desde 2010 la población haya ido mermando, dada la gran cantidad de ciudadanos que ha emigrado (prioritariamente a Estados Unidos) en busca de mejores condiciones de vida.
La situación creada provocó la bajada de la nota de la deuda por tres calificadoras de riesgo. Ello no ha conllevado cambios con la alternancia en el poder de los partidos Nacional Progresista (PNP), anexionista y Popular Democrático (PPD), autonomista. Cada uno de ellos denunció a su antecesor por el déficit presupuestario que ha heredado, sin tomar medidas reales para su eliminación, o al menos para su reducción, lo cual impidió que el país pudiera recurrir al mercado de bonos. Desde el punto de vista social, este escenario significó el despido masivo de empleados públicos, combinado con estímulos para la jubilación y la renuncia de los funcionarios, lo que llevó al aparato gubernamental a una reducción de una cifra cercana a las 30 mil personas.
Sin embargo, a pesar que en términos de definición del status, no se han producido relevantes reformas, la movilización y lucha del pueblo boricua, ha podido avanzar en los últimos años logrando el éxito a su favor en importantes demandas ancestrales. Así, el contrato de arrendamiento de la isla de Vieques por parte de la Fuerzas Armadas de Estados Unidos no se renovó y el 1° de mayo de 2003 el presidente George W. Bush decidió la salida de la Marina de Guerra de la pequeña isla. Desde 1940 Estados Unidos ocupó las tres cuartas partes de la isla para instalar cuarteles de comandos del Ejército, la Marina y las Fuerzas de Operaciones Especiales a fin de utilizarlas para el diseño de acciones bélicas en América Latina y el Caribe. Los daños a la población civil de la isla fueron denunciados durante décadas y en 1993 se constituyó el “Comité Por el Rescate y Desarrollo de Vieques”, movimiento de resistencia que se encargó de denunciar los resultados de la ocupación.
Así mismo, como consecuencia de la salida de la Armada de Estados Unidos de Vieques, en enero de 2004, el alto mando estadounidense decidió reubicar las Fuerzas Navales del Comando Sur, en la Estación Naval de Mayport, Florida retirándola de la Estación Naval Roosevelt Roads en Puerto Rico, lo cual condujo al cierre de esta base el 31 de marzo de 2004.
En otro plano, la situación de los presos políticos puertorriqueños en Estados Unidos ha ido cobrando repulsa en la opinión pública de la isla y en la propia metrópoli. En particular, el caso de Oscar López Rivera ha conmocionado a los puertorriqueños. López Rivera fue detenido el 29 de mayo de 1981 y condenado a 55 años de prisión por conspiración sediciosa. En 1988, como resultado de una acusación de conspiración y fuga de la prisión, fabricada por el gobierno estadounidense, le añadieron 15 años más a su sentencia, los cuales deberá cumplir después de que termine los 55 años de la sentencia previa. A pesar que en 1999, el Presidente Bill Clinton conmutó las penas de 12 mujeres y hombres puertorriqueños detenidos por causas políticas, Oscar López Rivera no fue incluido entre los liberados. Con casi 34 años detenido, López Rivera es el preso político más antiguo del continente. La demanda por su libertad ha ganado el consenso de los puertorriqueños.
El 6 de noviembre de 2012 se realizó el más reciente plebiscito para que los puertorriqueños opinaran sobre el status político de su país. El mismo estuvo organizado a través de dos preguntas, la primera de las cuales pedía opinar acerca de la mantención o no del status actual. Sólo el 46% de los participantes que acudieron a votar y que representaron el 77,71% del padrón electoral apoyó conservar inalterable el sistema político actual. La segunda pregunta en la que podían participar todos los electores independientemente de su respuesta a la primera, consultaba acerca de cuál sería la opción alternativa al actual Estado Libre Asociado. Por primera vez en la historia, la anexión con un 61% obtuvo más votos que el status existente. Lo novedoso es que la Libre Asociación que propongo en mi libro como la vía más realizable en el camino a la Independencia obtuvo 33%, mucho más que la Independencia que sólo logró el 6%.
Vale decir que este plebiscito no era vinculante al no contar con compromiso alguno de las autoridades del Ejecutivo o del Legislativo de los Estados Unidos. Un año antes, el 14 de junio de 2011, durante su visita oficial a Puerto Rico, el presidente estadounidense Barack Obama había afirmado que apoyaría la voluntad de los puertorriqueños si había una clara mayoría. A pesar de ello, el 11 de diciembre de 2012 la legislatura de Puerto Rico aprobó una resolución para “requerirles al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos que actúen de conformidad con el reclamo del pueblo de Puerto Rico para que se termine de una vez y por todas con el estatus territorial actual de Puerto Rico y que se inicie el proceso para admitir a Puerto Rico como Estado de la Unión, según expresado libre y democráticamente en el plebiscito que se celebró el 6 de noviembre de 2012; y para otros fines relacionados”.
El primer interesado en desactivar los resultados del plebiscito es el propio Estados Unidos que no desea incorporar un territorio culturalmente distinto y con una fuerte identidad a la federación norteamericana. El modelo imperial diseñado para la nación boricua es el del Estado Libre Asociado y a él se aferran.
Empero estos resultados y las reticencias de Estados Unidos para dar una respuesta sobre el tema, América Latina y el Caribe ha decidido tomar cartas en el asunto. Previo a la realización de la Segunda Cumbre de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC) que se realizó en La Habana en diciembre de 2013, el gobierno de Venezuela formuló una invitación a representantes del independentismo puertorriqueño para participar en un foro en Caracas donde se debatiera sobre el asunto y se visualizara la manera en que Puerto Rico podría participar de este mecanismo en el que están presentes todos los Estados de la región.
La intervención de personas que Estados Unidos considera ciudadanos propios en un evento al cual se les invitó para discutir sobre el tema de la independencia y la participación de la isla en una reunión Cumbre de Jefes de Estado de la más amplia organización regional, no produjo respuestas ostensibles desde la metrópoli.
La característica amplia y la diversidad política e ideológica de los jefes de Estado y gobierno de la CELAC y la permanente apuesta por el consenso que atenúe las diferencias, no permitió el consentimiento de la proposición del Presidente Nicolás Maduro a favor de reconocer al movimiento independentista de Puerto Rico como miembro asociado de la CELAC, sin embargo la Organización reconoció que el caso de Puerto Rico es parte de su agenda al reafirmar expresamente en su Declaración Final “…el carácter latinoamericano y caribeño de Puerto Rico…”. Los Estados miembros de la CELAC al tomar nota de las resoluciones sobre Puerto Rico adoptadas por el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, reiteraron que el mismo es “asunto de interés de CELAC”. Así mismo, pide a la dirección de la CELAC presentar “propuestas para avanzar” en su compromiso con el caso político de Puerto Rico.
Venezuela ha apoyado invariablemente la causa de Puerto Rico en todos los foros e instancias internacionales en los que se discute el tema. Desde sus orígenes ha tenido una voz señera en el Comité de Descolonización de la ONU manifestando su compromiso con el pueblo puertorriqueño. Cumple así con el legado del Libertador Simón Bolívar quien bregó por culminar la Independencia de América intentando que durante el Congreso Anfictiónico de Panamá, se tomaran las medidas necesarias para que las naciones participantes concurrieran a la creación de un ejército que desalojara el poder español de Cuba y Puerto Rico.
En ese marco, la 11ra. Feria Internacional del Libro de Venezuela que se celebrará en Caracas en marzo del próximo año, tendrá como país invitado a Puerto Rico como justo reconocimiento a los intelectuales, escritores y a los hacedores de la cultura boricua que han defendido con encono su identidad latinoamericana y caribeña. Para nosotros, para los latinoamericanos y caribeños, para los venezolanos, Puerto Rico es parte inalienable de nuestra región. En esa medida debatir y dar a conocer su situación, se transforma en deber ineludible del quehacer político, científico y académico de lo mejor de nuestra gente.
Sergio Rodríguez Gelfenstein, 11/12/2014
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